Cuatro médicos han comparecido en calidad de peritos en el juicio que se celebra en la Audiencia de Valencia por el conocido como crimen de los laxantes. Estos han asegurado que el consumo de este tipo de fármacos es la única causa posible del deterioro físico y posterior fallecimiento de la víctima.
Un jurado popular juzga desde este lunes a la esposa del fallecido como sospechosa de haberle administrado grandes cantidades de laxantes hasta acabar con su vida. La Fiscalía califica los hechos como constitutivos de los delitos de asesinato, estafa y falsedad. Tras la declaración de los peritos este jueves, los letrados de la acusación particular, Andrés Zapata y Víctor González, han subrayado la rotundidad de su testimonio y su convencimiento de que los laxantes son la causa de la muerte.
"Las pequeñas negligencias que pudo cometer el fallecido durante su estancia hospitalaria no justifican la diarrea, que no tiene otra explicación que la administración de laxantes", ha subrayado González. Estos letrados han destacado asimismo la dificultad que entraña el hallazgo de estos fármacos en las analíticas habituales y el proceso de "aislamiento total" que sufrió la víctima respecto a sus familiares directos durante su relación con la acusada.
El paciente, que sufría otras patologías, fue ingresado en septiembre de 2020 y pasó cuatro días en la unidad de cuidados intensivos. Según sostienen el fiscal y la acusación particular, cuando el hombre volvió a casa, la sospechosa continuó con el suministro de laxantes. Esto provocó un nuevo ingreso hospitalario en el que la procesada habría seguido dándole estas sustancias, pese a que era consciente de que podían causar la muerte.
La víctima desarrolló una diarrea crónica y falleció el 16 de abril de 2021. Entre octubre de 2020 y hasta la muerte del hombre, la sospechosa habría realizado hasta 152 extracciones de dinero de cuentas corrientes de la víctima y diferentes compras con tarjetas de crédito del hombre por valor superior a los 120.000 euros. También habría solicitado dos créditos a nombre del enfermo, que habría suscrito telefónicamente simulando la intervención de él.
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